Estrategia Pedagógica Flexible en el marco del SRPA

Estrategia Pedagógica Flexible SRPA

La Estrategia Pedagógica Flexible en el marco del Proyecto Educativo Institucional Instrumento de atención educativa para los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

La Estrategia Pedagógica Flexible en el marco del Proyecto Educativo Institucional

 Instrumento de atención educativa para los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Antecedentes Normativos

Queremos contextualizar normativamente el concepto de Estrategia Pedagógica Flexible para brindar elementos de contraste con el concepto de Modelo Educativo Flexible y determinar o mostrar como este primero es en esencia el concepto que está contemplado en la lógica de definición de funcionamiento del Sistema Educativo Colombiano.

Para ello vamos a ser básicos en los planteamientos normativos, asumiendo un camino didáctico para mostrar cómo desde la Ley General de Educacion se define la prestación del servicio educativo de preescolar básica y media y cuál es el lugar de la Estrategia Pedagógica Flexible que hemos caracterizado para la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El artículo primero de la Ley 115 de 1994 define claramente tanto los tipos o modalidades de la Educación, sus niveles y los sujetos a los cuales va dirigida esta:

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.

La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.”

Las modalidades de la Educacion según lo muestra la Ley son: Educación Formal, Educación No Formal o para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación informal.

De igual manera, identifica los sujetos o poblaciones a las que se encuentra dirigida estas modalidades y que determina o expone el enfoque poblacional contenido en la Ley:

Población en Edad Escolar o Edad Regular.

Adultos.

Campesinos.

Grupos Étnicos.

Personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales.

Personas que requieran rehabilitación social.

La población en edad regular es aquella que en los términos del artículo 67 de la Constitución Política Nacional se encuentra entre los 5 y 15 años que además constituye la educacion obligatoria, y por extensión legal hasta los 17 años en los grados cero a once, esta educación en general está regulada por el anterior Decreto 1860 de 1994, Decreto 1850 de 2002 y Decretos 1290 de 2009 (tal y como quedaron incorporados al Decreto 1975 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación -DURSE en adelante-) como los más importantes. Cabe resaltar que estos Decretos orientan o definen la organización de la Educacion Formal, la Jornada Escolar y el Sistema de Evaluación y Promoción de Estudiantes.

En específico, el Decreto 1860 de 1994, de la forma como quedó incorporado al DURSE  (Artículo 2.3.3.1.1.1.), plantea en primer término y de manera categórica que la interpretación de la reglamentación sobre la organización de la prestación del servicio educativo debe sobre todo recordar que : “La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994.”

Así, el artículo cuarto del citado Decreto (DURSE Artículo 2.3.3.1.2.3.), deja claro que el servicio educativo debe ser recibido por todos los colombianos y a su vez diferencia y específica que este no necesariamente se debe organizar ni prestar por grados o de manera presencial.:

“Artículo 4º El servicio de educación básica. Todos los residentes en el país sin discriminación alguna recibirán como mínimo un año de educación preescolar y nueve años de educación básica que se podrán cursar directamente en establecimientos educativos de carácter estatal, privado, comunitario, cooperativo solidario o sin ánimo de lucro.

También podrá recibirse, sin sujeción a grados y de manera no necesariamente presencial, por la población adulta o las personas que se encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social, haciendo uso del Sistema Nacional de Educación Masiva y las disposiciones que sobre validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan tales condiciones o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se encuentran en la edad entre los cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación formal que se determine por los resultados de las pruebas de validación de estudios previstos en el artículo 52 de la Ley 115 de 1994.”

Aquí claramente se observa como aquellas personas adultas o las que se encuentren en condiciones excepcionales, tales como las Personas Privadas de la Libertad, los Jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la población bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en fin todas aquellas poblaciones vulnerables y / o en condiciones de excepcionalidad personal,  familiar o social, todas ellas pueden recibir el servicio educativo sin que necesariamente estén sujetas a la lógica de la organización curricular por grados académicos consecutivos y no necesariamente debe ser de manera presencial; esto debe ser leído también en el contexto del enfoque poblacional definido en la Ley General de Educación.

Así, la prestación del servicio educativo a esas otras poblaciones que, por diversas condiciones, requieren una particular y pertinente atención está definida en el Titulo Tercero de la Ley General de educación bajo el concepto de Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones.

La prestación del servicio educativo para la población de Adultos está regulada por el Decreto 3011 de 1997: “Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones”.

La prestación del servicio educativo a la población campesina y rural está regulada por el Decreto 1490 de 1990 que adopta la metodología de Escuela Nueva para las zonas rurales del país.

La prestación del servicio educativo para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales se encuentra reglamentada por el Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”.

La prestación del servicio educativo para para grupos étnicos, se encuentra reglamentada por el Decreto 804 de 1995, “por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”.

Por último, la prestación del servicio educativo para la rehabilitación social se encuentra reglamentada por el Decreto 2383 de 2015, “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación".

En primer punto entonces diremos que, para la atención educativa de estas cinco poblaciones, debe tenerse en cuenta como referente particular, el Decreto que regula la prestación del servicio educativo para cada una de ellas y enmarcándolos en lo que determinan los decretos 1860 de 1994, 1850 de 2001 y 1290 de 2009 (como quedaron incorporados al DURSE).  Dicho de otra manera, a cada población definida por la ley general de educación en los capítulos 1 al 5 de su Título Tercero, debe ser atendida pertinentemente y de acuerdo con las Decretos que reglamentan de manera particular su atención en cada caso.

Adicionalmente y para el caso de la población vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, es preciso tener en cuenta también lo reglado por el Decreto 1421 de 2017, pues efectivamente la gran mayoría de jóvenes vinculados tienen afectación en sus procesos cognitivos producto de un historial de consumo o policonsumo de Sustancias Psico Activa (SPA) y en tal sentido, deben asumirse también criterios generales de la educación inclusiva, en lo fundamental el concepto de Planes Individuales de Ajuste Razonable para el diseño de los proceso curriculares particulares..

En un segundo punto o aspecto queremos precisar las condiciones de la prestación del servicio de Educación Formal tal y como lo define la Ley 115 de 1994, dado que es sobre este que centraremos la atención educativa a los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes:

La Ley 155 de 1994 define la educación formal en los siguientes términos:

Artículo 10º.- Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.

Y a continuación precisa:

“Artículo 11º.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley se organizará en tres (3) niveles:

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.

La educación formal en sus distintos niveles tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.

Artículo 12º.- Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios de integridad y complementación.”

Entonces la educación formal se implementa, se imparte y desarrolla, en fin, se realiza en los Establecimientos Educativos legalmente constituidos y reconocidos por cada Entidad Territorial Certificada en Educación, establecimientos educativos estructurados y organizados tal y como lo define la Ley y la reglamentación; segundo la Educación Formal se organiza por ciclos lectivos de desarrollo curricular progresivo que conduce a grados y títulos y por ultimo termina de organizarse por niveles y estos a su vez en grados :

Nivel Preescolar con un grado obligatorio, nivel básico con dos ciclos: básica primaria con cinco grado y ciclo básica secundaria con cuatro grados, por último, ciclo medio con dos grados y dos modalidades académica o técnica.

Esta en fin es la organización de la prestación del servicio educativo que, de manera tradicional se ha ven ido implementado en nuestro país para la población mayoritaria y en edad regular; pero recordemos que más arriba decíamos que para los adultos y  personas en condiciones excepcionales y especiales, no necesariamente se desarrolla el proceso educativo con la lógica de sujeción a grados y  no necesariamente  de manera presencial  aspecto muy importante para cuando vayamos a definir los componentes de organización curricular de servicio educativo para jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Adicionalmente recordemos que la Ley General de Educación insiste en sus declaraciones de principio, que el proceso educativo debe responder y estar diseñado de acuerdo a las necesidades y condiciones de los estudiantes, aspecto nodal en la definición de los procesos educativos para poblaciones que tienen condiciones bastantes especiales y particulares, a nivel social, familiar, cognitivo, económico, judicial y político.

Un tercer aspecto para establecer es precisamente las condiciones institucionales que están regladas para la prestación del servicio de educación formal, aquí lo que queremos precisar es que en nuestro país la realidad del proceso educativo de preescolar básica y media solo se da y se puede dar desde el Establecimiento Educativo, centro y eje real del sistema educativo colombiano y espacio de realización del derecho a la educación.

El Establecimiento educativo tal, y como está definido en la normatividad vigente, en específico el artículo 138 y subsiguientes de la Ley 115 de 1994:

“Artículo 138º.- Naturaleza y Condiciones del Establecimiento Educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privado o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:

a. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial,

b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y

c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional.

Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño”

Complementados con la definición de la Lay 715 de 2001 en su artículo 9:

Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales.

Entonces un Establecimiento Educativo debe contar con un reconocimiento legal, debe tener infraestructura y dotación adecuada, planta física y medios educativos, y su oferta educativa se estructura alrededor del Proyecto Educativo Institucional, es más los medios y la propia planta física deben responder a los enfoques curriculares, pedagógicos y metodológicos planteados en el Proyecto Educativo Institucional.

Y aquí hemos llegado al aspecto que consideramos más importante de nuestra reflexión y es precisamente la definición de como la propuesta de formación, los enfoques, la organización y estructura curricular y del plan de estudios de un Establecimiento Educativo, se concretan expresan en el Proyecto Educativo Institucional, escenario e instrumento natural de innovación del Establecimiento Educativo.

Si el Establecimiento Educativo es el escenario institucional en donde se realiza el derecho a la Educación y el centro alrededor del cual gravita el Sistema Educativo Colombiano; el Proyecto Educativo Institucional es el instrumento para desarrollar una propuesta educativa integral innovadora pertinente y de calidad para toda y cada una de las poblaciones y estudiantes que son atendidos por la escuela.

El Proyecto Educativo Institucional tal y como esa definido en el artículo 73 de la Ley General de Educación:

“Artículo 73º.- Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos.

El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el Conpes Social..

Parágrafo.- El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.”

Y aquí aparece clara y contundentemente la idea central de nuestra reflexión, y es que el Proyecto Educativo Institucional se desarrolla fundamentalmente alrededor de una Estrategia Pedagógica, anotando a la vez que la norma no se refiere al desarrollo de un Modelo Educativo, se expresa en términos de la estrategia pedagógica.

En tal sentido, el Decreto 1860 de 1994, (de la forma como quedo incorporado en el DURSE) en su capítulo III, artículos 14 al 17, establece por un lado los elementos constitutivos y componentes del PEI:

“Artículo 14º.- Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución.

2. análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes.

3. Los objetivos generales del proyecto.

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando.

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos.

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.

9. El sistema de matrícula y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias.

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y regionales.

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la Institución.”

Así, el Proyecto Educativo Institucional se constituye en una declaración de principio en la cual el Establecimiento Educativo determina como va a desarrollar y ejecutar la misión que la sociedad y el Estado le han definido, concretada en los fines educativos plasmados en la Constitución Política Nacional, la Ley 115 de 1994 y los desarrollos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional.  El componente central de esa declaración es precisamente la definición de la Estrategia Pedagógica que orienta el proceso de formación de los estudiantes.

Pero aquí también se concentra y expresa real dimensión de quizá el único verdadero espacio de autonomía que tiene el Establecimiento Educativo: la Autonomía Curricular, cuyos límites son en definitiva la Ley. No obstante, esta autonomía termina siendo precaria y relativa pues solo se refiere taxativamente a la organización del plan de estudios y las áreas obligatorias y fundamentales, y esta se restringe aún más pues la Ley da al Ministerio de Educación Nacional la facultad de determinar la regulación del currículo a partir de la determinación de los lineamientos generales de procesos curriculares y los indicadores de logro para cada nivel educativo[1].

Veamos esto desde la definición de la Ley 115 de 1994:

“Artículo 76º.- Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

Artículo 77º.- Autonomía escolar Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 78º.- Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente Ley.

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos los niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración.

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley.

(…)

Artículo 79º.- Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes.”

En conclusión, la tan proclamada autonomía escolar, bandera de Rectores y Docentes, tienen unos límites tan definidos que termina siendo una caricatura de autonomía.

No obstante, debemos ser claros que esta restricción o relativa autonomía posee un gran poder pues permite la innovación y creatividad propias y necesarias para el ejercicio docente, y entonces la autonomía curricular en estos términos se refiere o remite principalmente a la construcción de la Estrategia Pedagógica de atención a los estudiantes.

Tornando este hecho entonces a la Estrategia Pedagógica como el fundamental instrumento de desarrollo de la reflexión e innovación institucional, de despliegue de la creatividad e imaginación docente.

Volveremos sobre este hecho más adelante.

Por ahora y para cerrar este aparte, miremos como plantea reglamentariamente el Decreto 1860 de 1994 este aspecto, teniendo en cuenta que el siguiente artículo del capítulo v del citado decreto, que aborda las orientaciones curriculares planteadas en la Ley General de Educación, fue derogado legalmente por el decreto 230 de 2002, no obstante, conserva la validez conceptual y se articula a la concepción legal que venimos refiriendo:

“Artículo 33º.- Criterios para la elaboración del currículo. La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyas a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos.

El currículo se elabora para orientar el que hacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, cada establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales. Sin embargo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo debe tener en cuenta:

a) Los fines de educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la misma ley;

b) Los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional.

c) Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación, y

d) La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan,”

Por último queremos rescatar que el mismo decreto determina que la estrategia pedagógica debe desarrollar las áreas básicas y fundamentales que establece la Ley General de educación y lo puede hacer planeado o diseñando el plan de estudios por asignaturas o por proyectos pedagógicos, lo que quiere decir que la Estrategia Pedagógica no necesariamente debe ser construida sobre el concepto de asignaturas y adicionalmente la organización temporal del proyecto o asignatura, en grados y o ciclos lectivos es definido por el Establecimiento Educativo en el marco de su Proyecto Educativo Institucional:

“Artículo 34. Áreas. En el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de las áreas establecidas en el plan de estudios.

Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados.

Artículo 35. Desarrollo de Asignaturas. Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando.

Artículo 36. Proyectos Pedagógicas. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios.”

Lo importante y trascendental de este aparte es precisamente que abre la posibilidad que la Estrategia Pedagógica se desarrolle por proyectos y no por las tradicionales asignaturas y que permite desarrollarlas no por grados si no por periodos temporales que superan el concepto de grado y nos permiten introducir el concepto de ciclo formativo expresado o contenido en los estándares básicos de competencias formulados por el Ministerio de Educación Nacional.

Conclusión el Proyecto Educativo Institucional debe desarrollar una Estrategia Pedagógica Pertinente para atender la población que le han asignado para atender y desarrollar los procesos de formación, esta Estrategia Pedagógica se puede organizar por asignaturas o proyectos pedagógicos cuyas características son definidas por el Establecimiento Educativo, y debe construirse a partir de las  características específicas de la población que se va a atender, en el caso del Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes, jóvenes ofensores sancionados, algunos con privación de la libertad.

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[1] Aquí es necesario hacer un reflexión frente a la necesidad de recuperar la lectura crítica y amplia de esos valiosos documentos denominados: “Lineamientos generales de proceso curriculares, Hacia la construcción de comunidades educativas autónomas” publicado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 1994, y los  “Indicadores de Logros Curriculares, hacia una fundamentación” publicados en 1998, que plantean un interesante visión critica e innovadora frente a los procesos pedagógicos al interior del Establecimiento Educativo.

La Metodología de Alertas Tempranas para la Deserción

Construir Política Pública para frenar la Deserción Escolar desde lo Territorial e Institucional (IV Entrega)

La Metodología de Alertas Tempranas para la Deserción

En nuestra anterior entrega resaltamos la importancia que toma el Establecimiento Educativo en la construcción de acciones concretas, específicas y pertinentes para frenar el incremento de la Tasa  de Deserción Intra Anual en nuestro país.

Entonces, al reconocer y convertirse el Establecimiento Educativo en el eje central del proceso de planeación de las estrategias, programas, proyectos y acciones  contenidos en la Política Pública Territorial de Permanencia (PTP) cobra vital importancia la identificación y nominación  de los niños que se encuentran en posible situación de deserción y las causas que en general definen y / o pueden determinar  el abandono del proceso educativo, por lo que es fundamental lograr que los sistemas de información que contienen, identifican y registran la información de deserción, cuenten con datos de máxima calidad y utilidad para todo los actores educativos:

 “Dado que la respuesta a la deserción escolar no debe ser remedial, el Ministerio de Educación diseñó y desarrolló un aplicativo informático con acceso web como sistema de alertas tempranas que permite que los rectores, los secretarios de educación y el Ministerio de Educación Nacional identifiquen a la población con mayor riesgo de deserción y actúen antes de que se produzca. Se trata del Sistema de Monitoreo para la Prevención  y Análisis de la Deserción Escolar en Educación Preescolar Básica y Media (SIMPADE), que recoge las variables e indicadores para el análisis y seguimiento de la permanencia y deserción escolar e involucra el registro de las necesidades que tienen los estudiantes en relación con su permanencia en el sistema educativo para la toma de decisiones y la focalización de acciones por parte de las autoridades educativas locales, regionales y nacionales.”[1]

Así, el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar, SIMPADE, tenía la tarea de  convertirse en la columna vertebral de estructuración de información que permite identificar y nominar los estudiantes con mayor posibilidad de desertar en el transcurso del año lectivo.

El SIMPADE contiene los instrumentos que deberían permitir la caracterización de las causas de deserción e identificar los posibles estudiantes desertores de acuerdo al índice de deserción que este pretendía calcular por estudiante  y que se encuentra basado en los análisis de  la Encuesta Nacional de Deserción Escolar aplicada en año 2010; en ese sentido, la información con la que se alimenta el SIMPADE y que es responsabilidad del Establecimiento Educativo, debería garantizar la rigurosidad, oportunidad  y calidad, que permita realizar análisis más confiables y definir claramente las estrategias, programas, proyectos y acciones  de permanencia más pertinentes en cada Establecimiento Educativo y para cada nivel educativo. No obstante este sistema no ha logrado entregar información confiable y sólida sobre la aplicación del algoritmo que lo sustenta y lo que las ETCE conocen son los listados que emite el SIMAT sobre niños retirados, que manualmente son editados para ser entregados a las Secretarías de Educación, para realizar un pretendido seguimiento a desertores, proceso que no evita la deserción, por que no es previo ni preventivo, solo constata el fenómeno mismo del abandono escolar.

No obstante, la información y análisis que dieron origen y estructuraron la primer versión de SIMPADE, que se basan en los estudios y desarrollo de la Encuesta Nacional de Deserción - ENDE del año 2010, que si bien aún se encuentran vigentes, luego de más de siete años de acción estatal y de implementación de política pública para atender el fenómeno de la deserción, esta acción ha debido transformar la realidad misma de la deserción escolar y por ello se hace necesario la actualización y redimensionamiento de este estudio y dichos factores de deserción,  así como la ponderación de su peso específico en la determinación del hecho de la deserción.

Por ejemplo, la ENDE dio origen a estrategias que luego se han convertido en política pública, tan importantes como la gratuidad educativa y el Programa de Alimentación Escolar, o de otro lado, por ejemplo, la explosión e importancia que han tomado las redes sociales en los procesos de interacción entre jóvenes y niños, han configurado realidades de exclusión y de violencia al interior del ámbito escolar, que lanzan a redefinir las estrategias, programas, proyectos y acciones   de permanencia.

En ese sentido, es perentorio reconocer la inconsistencia del SIMPADE, respecto a las causas y factores de deserción, pero también respecto al peso específico que el algoritmo de cálculo sobre el que se estructura, le definen a cada factor de deserción, y también sobre sus formularios, ya que en la implementación de SIMPADE, se han insertado preguntas, que si bien pueden ser interesantes, no aportan de manera determinante en la medición, exploración y cálculo de la posibilidad de deserción de un joven estudiante en particular y que se incorporan sin mayor criterio técnico o metodológico.

En esencia, ante la poca utilidad práctica de SIMPADE se debe fortalecer SIMAT y desde allí extractar la información necesaria que nos permita identificar la tendencia a la deserción de los estudiantes,  que se convierte en la base para la implementación de la Metodología de Alertas Tempranas para la Deserción, que consiste fundamentalmente en la identificación y nominación de los niños que presentan una tendencia a desertar a lo largo del año lectivo. El SIMAT debe brindar la información más sencilla y práctica posible para el usuario Rector, facilitando su trámite y comprensión y de igual manera se debe lograr que los Establecimientos Educativos y las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, reconozcan su utilidad y generen alta calidad en el trámite de la información que allí incorporan.

Pues además, al revisar detenidamente la información, por demás poca y pobre, incorporada en cada vigencia por los Establecimientos Educativos en SIMPADE y adicionalmente en el Modulo de Estrategias de Permanencia de Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, que origina el reporte Anexo 13 A, de seguimiento a Estrategias de Permanencia, se evidencia que no existe ni oportunidad ni calidad satisfactoria en la misma lo que dificulta el análisis y toma de decisiones de reorientación de la política pública de deserción

Una vez abordadas estas tareas, podemos desarrollar más claramente la Metodología de Alertas Tempranas para la evitar deserción escolar, que busca identificar los niños con posibilidad de deserción y focalizar acciones[2], desde el Estabelecimiento Educativo y con responsabilidad de toda la comunidad educativa, para evitar que estos potenciales desertores efectivamente abandonen el sistema educativo.

La Metodología de Alertas Tempranas para la evitar deserción escolar, en sentido general busca nominar a los estudiantes que, una vez ingresan al sistema educativo y que, por sus características sociales, culturales, de contexto y familiares, son proclives a abandonar el sistema educativo, esta metodología implica o tiene varios momentos:

1-.  Al momento de la matrícula de estudiante en el Establecimiento Educativo, debe ser caracterizar tramitando la información en el SIMAT.

2-. Una vez culminado el proceso de gestión de cobertura y el estudiante ya se encuentra matriculado en el Establecimiento Educativo Oficial y caracterizado se debe  determinar el índice de riesgo de deserción.

3-. Al iniciar el año escolar y calendario académico, en la primera semana de desarrollo institucional, dedicada a los procesos de Planeación Institucional, se entrega al Establecimiento Educativo, el listado de estudiantes con mayor índice de riesgo de deserción para que, en esta semana se planteen las acciones concretas por parte del Establecimiento Educativo para evitar la realización de la deserción. Esta identificación y nominación se realiza con una perspectiva de discriminación positiva entendida como el reconocimiento para la atención. De igual manera al nominar los posibles desertores, se convierte en un instrumento de focalización para la entrega o asignación prioritaria de Estrategias de Permanencia, primero que todo a estos niños que se encuentran nominados como potenciales desertores.

4-. La información sobre la caracterización de los estudiantes con tendencia a la deserción es el eje y motor de la implementación de la Metodología de Alertas Tempranas, y en tal sentido es necesario que esta información se entregue de manera oportuna y previa a los Establecimientos Educativo,  dado que limitar el ejercicio, tal y como hasta ahora se ha hecho, a realizar reportes de retirados hacia las entidades territoriales, no generados desde SIMPADE, sino desde SIMAT y solicitar la caracterización de las causas de deserción a los Establecimientos Educativos, se convierte simplemente en un ejercicio de constatación del hecho de la deserción y no cumple la función preventiva para la que conceptualmente se creó el SIMPADE.

Entonces un importante elemento de enfoque, para la elaboración de la Política Pública Territorial de Permanencia es el de la implementación  del Sistema de Alertas Tempranas para evitar la Deserción, que se origina en el Establecimiento Educativo y al cual se le deben realizar seguimientos periódicos, Bimestral o Trimestral, por parte de la Entidad Territorial Certificada en Educación para determinar, no solamente la validez de esta identificación, sino también para determinar la pertinencia de la implementación de las estrategias, programas, proyectos y acciones   de  permanencia definidas por esta, para cada Establecimiento Educativo en particular. Así, en la formulación de la Política Pública Territorial de Permanencia, se definirán los instrumentos de seguimiento a la eficacia del Sistema de Alertas Tempranas para evitar la Deserción Escolar.

La implementación del Sistema de Alertas Tempranas para evitar la Deserción Escolar,  nos permite a determinar  y nominar a los posibles estudiantes en potencial situación de deserción al interior del Establecimiento Educativo y el diseño de estrategias, programas, proyectos y acciones  de acogimiento y retención protagonizadas por la comunidad educativa del Establecimiento Educativo; es decir, pretendemos que sea el Rector, los Coordinadores, los Docentes, los Estudiantes, los Padres de Familia, quienes se conviertan en los primeros en reconocer a los niños en situación de posible deserción y que sean ellos los que adelanten acciones en positivo para lograr retener a estos niños y jóvenes.

Así,la Política Pública Territorial de Permanencia tendrá un enfoque de participación activa de la comunidad educativa, principalmente los padres de familia[3],  en la retención de niños con potencial de deserción e implementarán estrategias que logren que el estudiante:

“No te vayas de la Escuela” “Quédate en la Escuela” “Permanece en la Escuela” “Continúa en la Escuela” “Permanece en tu Escuela”

Estos, como mensajes centrales de una estrategia y actitud a asumir por parte de la comunidad educativa frente al estudiante que está en riesgo de deserción.

En ese sentido, de la Política Pública Territorial de Permanencia en su implementación tendrá como eje de comunicación central una campaña de difusión que, retomando los mensajes arriba enunciados, se centrará en recobrar y reforzar el reconocimiento de la importancia social de la educación y el compromiso y función activa de la Escuela, la comunidad educativa en evitar la deserción escolar.

Al reconocer el Establecimiento Educativo como eje del Sistema Educativo Colombiano, pues es allí en donde se concretan las políticas públicas del sector y por esa vía, se realiza el hecho mismo de la deserción, pretendemos hacerlo emerger como centro de la Gestión Educativa[4] ; aunque se escuche demasiado lógico y obvio, el estudiante deserta es del Establecimiento Educativo, y en ese sentido es allí en donde se deben concretar todas las estrategias, programas, proyectos y acciones de permanencia y también desde allí se deben originar.  No obstante, hasta el momento el Establecimiento Educativo ha sido un mero receptor de estas estrategias generales de permanencia y definitivamente no ha tenido un papel activo y protagónico en su formulación y desarrollo.

 En ese sentido, la formulación de la Política Pública Territorial de Permanencia, va a partir del análisis del comportamiento de la TDIA por nivel en cada Establecimiento Educativo y de la valoración del impacto que ha tenido la implementación de Estrategias Generales de Permanencia sobre el fenómeno de la deserción; pero igualmente es necesario indagar sobre aquellas acciones que adelanta el Establecimiento Educativo, desde sus dinámicas propias y sus lógicas, para lograr retener sus estudiantes; esta metodóloga tiene un doble  propósito original: por una lado colocar en la agenda de la discusión del Establecimiento Educativo y sus órganos de dirección, el debate sobre la deserción escolar y los comportamientos específicos por nivel de la TDIA, para que esta se apropie y defina su responsabilidad de acción frente a la disminución de la TDIA, y por otra lado, evidenciar la necesidad de incorporar este componente en sus procesos de planeación institucional realizando un permanente seguimiento, lo que debe dar origen a los Planes Institucionales de Permanencia, que deben ser formulados por el Consejo Académico, y desde donde se le realizará su constante seguimiento.

Por otro lado, la implementación de proyectos, programas y/o estrategias de permanencia obedecen a análisis derivados de la sistematización de información entregada por la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, realizada en año 2010; dicha información permitió tomar decisiones de política pública tan importantes como la de gratuidad educativa y la evolución del Plan de Alimentación Escolar, entre otros.

Así mismo, permitió definir, construir y redireccionar estrategias tan importantes como la implementación de modelos educativos flexibles, el transporte escolar, los subsidios condicionados a la asistencia, la entrega de uniformes y útiles escolares y la reorientación del Programa  Jornada Escolar Complementaria.

A partir de la definición de estos programas generales se realizó la formulación de los Planes de Permanencia a nivel territorial para el periodo 2010 – 2014 por parte del Ministerio de Educación Nacional, que tenían como metodología la implementación de estrategias de permanencia a nivel general en cada Entidad Territorial Certificada en Educación.

No obstante, los indicadores que definen la implementación de estos programas de permanencia se limitan a expresar la cobertura y alcance de los mismos y no avanzan hacia la definición de impacto particular sobre la deserción en cada Establecimiento Educativo Oficial, partiendo que en general, la tasa de deserción en el periodo citado de desarrollo de plan de permanencia, se redujo a un ritmo apropiado, pero no se puede particularizar para el análisis la incidencia determinada de cada estrategia en la reducción de la TDIA, tanto nacional como territorial.

En ese sentido, otro elemento de enfoque, para definir de la Política Pública Territorial de Permanencia, consiste precisamente en construir la metodología, indicadores y procedimientos que permitan medir y ponderar el impacto de cada estrategia de permanencia en particular sobre la TDIA  a nivel  de la Entidad Territorial Certificada en Educación  y a nivel del Establecimiento Educativo Oficial, lo cual debe permitir focalizar cada estrategia, programa, proyecto y accion definiendo su pertinencia, de acuerdo con las necesidades del Establecimiento Educativo Oficial. 

Así, la implementación particular de estrategias, programas, proyectos y acciones de permanencia obedecerá al análisis del comportamiento de las TDIA en cada Establecimiento Educativos Oficial y la identificación de sus posibles causas, y no de manera general como usualmente se está haciendo y condicionado a la definición de claros indicadores de impacto de dichas estrategias, programas, proyectos y acciones sobre las TDIA del Establecimiento Educativo y de la Entidad Territorial Certificada en Educación.

De igual manera,  la metodología de elaboración de la Política Pública Territorial de Permanencia debe partir desde las necesidades del Establecimiento Educativo, analizando los comportamientos de deserción por nivel educativo, determinado las posibles causas y valorando la incidencia y efectividad de la implementación de las estrategias de permanencia sobre las Tasas de Deserción Intra Anual, del Establecimiento Educativo Oficial.

En ese sentido, la formulación de estrategias, programas, proyectos y acciones territoriales de permanencia, deben obedecer, responder y atender las necesidades del Establecimiento Educativo Oficial,  y los niños identificados como posibles desertores por el Sistema de Alertas Tempranas; así el proceso de planeación para definir la Política Pública Territorial de Permanencia cobra sentido y parte, se origina en  el Establecimiento Educativo Oficial y llega a este mismo, como estrategias, programas, proyectos y acciones focalizados para evitar la deserción, lo que significa que la planeación general  de estrategias de permanencia desde la Entidad Territorial debe relativizarse y abrirse paso a la planeación focalizada por estrategias para el Establecimientos Educativo Oficial, expresada en los Planes Institucionales de Permanencia

Es entonces, un cambio de metodología de la planeación, que se origina desde lo particular, es decir el Establecimiento Educativo Oficial y se construye hacia lo general, como síntesis, desde la Entidad Territorial Certificada en Educación, y así las estrategias, programas, proyectos y acciones de permanencia cobran vigencia no en sí mismas, si no en función de la necesidad real del Establecimiento Educativo Oficial.

Por último, la formulación y desarrollo de la Política Pública Territorial de Permanencia se da en el momento histórico de implementación de los acuerdos de paz, que plantea marcos diferenciales que condicionan esta formulación, dado que deben considerar los procesos de reintegración y reincorporación a la vida civil de los combatientes y milicianos y tener como referente al componente de víctimas del conflicto.

Finalmente, esperamos haber contribuido con estas reflexiones a colocar en la agenda de discusión de la comunidad educativa, el problema de la deserción escolar y también haber contribuido a la construcción de una metodología para abordar la reducción de la Tasa de Deserción Intra Anual en Colombia.

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[1] Encuesta Nacional de Deserción Escolar –ENDE. Ministerio de Educación Nacional. 2012. Pg. 17

[2] Aplicando la concepción y metodología de la Discriminación Positiva

[3] “El éxito de las estrategias que buscan aumentar la participación en la educación dependerá considerablemente de la medida en la cual los padres de familia aprecien y se involucren en la educación de sus hijos. Las percepciones sobre la calidad y el valor de la educación son consideradas un factor importante que influye en los índices de permanencia y deserción escolar en Colombia (Ricardo, 2014). En la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2014, el 37% de los niños de 10 a 17 años de edad que no estaban estudiando argumentó que se debía a su falta de interés o expectativas en relación con la educación (Sarmiento, 2015). Es muy probable que estas percepciones estén influenciadas por las opiniones de sus padres de familia, quienes en su mayoría no estudiaron o no completaron sus estudios. En Colombia, al igual que en los países miembros de la OCDE, los padres de familia menos favorecidos tienden a estar menos involucrados en la educación de sus hijos. Sin embargo, las investigaciones muestran que los padres de familia involucrados alientan las actitudes más positivas en relación con la educación; mejoran los hábitos de tarea en casa; reducen el ausentismo, el desinterés y la deserción escolar; y mejoran el rendimiento académico (OCDE, 2012).” (PG 195)

[4] Juan Casassus en “cambios paradigmáticos en educación”, refiere tanto la emergencia de lo concreto y la aparición de la organización educativa (escolar) en las teorías y prácticas de la gestión educativa, desde el avance de los modelos normativos y prospectivos desde finales de la década de los setenta, hasta la construcción de modelos de gestión centrados en el análisis situacional, y estratégico entre otros, por ello para la gestión educativa la organización educativa la base del sistema.  Casassus, Juan Cambios paradigmáticos en educación. Revista Brasileira de Educação, núm. 20, maio/jun/jul/ago, 2002, pp. 48-59 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação Rio de Janeiro, Brasil.

Asignación de Docentes Oficiales en Programas Educativos en Centros Penitenciarios y Carcelarios

Asignación de Docentes Oficiales en Programas Educativos en Centros Penitenciarios y Carcelarios

Me han abordado con  diferentes preguntas frente así es posible que docentes oficiales presten sus servicios en Centros Carcelarios y Penitenciarios,  a la población reclusa, para impartirles procesos de formación en el marco del Decreto 3011 de 1987 y que se les pueda reconocer esta dedicación través o por medio del pago de Horas Extras.

Tema relativamente sencillo de solucionar si leemos armonizando y complementando las diferentes normas que al respecto se han promulgado;  así que permítame extenderme un poco en este apartado para simplemente hacer referencia a esos marcos  normativos y poder dilucidar al respecto:

La ley 115 de 1994 establece en su  TÍTULO III, Modalidades de atención educativa a poblaciones, las diferentes poblaciones  a quienes se les debe prestar el servicio educativo de manera diferencial, pertinente y adecuada a sus características y condiciones:

CAPÍTULO 1: Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales.

CAPÍTULO 2: Educación para adultos.

CAPÍTULO 3: Educación para grupos étnicos.

CAPÍTULO 4: Educación campesina y rural.

CAPÍTULO 5: Educación para la rehabilitación social.

Estas diferentes modalidades de atención han sido reglamentadas por  Decretos que se dedican a definir  las formas de atención pertinente para dichas poblaciones.  Así encontramos el Decreto 1421 de 2017 que reglamenta la educación inclusiva a la población con discapacidad; el Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos; el Decreto  1490 de 1990, previo a la Ley 115 de 1994, que aún se encuentra vigente, aborda de manera tangencial la reglamentación de la Educación Campesina y Rural a través del reconocimiento del Modelo Escuela Nueva; El Decreto 3011 de 1987, reglamenta la prestación del servicio educativo para adultos (no sub judice).

Para el caso que nos ocupa el capítulo 5 de la ley 115 de 1994 define:

“CAPÍTULO 5

Educación para la rehabilitación social

Artículo 68º.- Objeto y ámbito de la educación para la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad. 

Artículo 69º.- Procesos pedagógicos. La educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo; comprende la educación formal, no formal e informal y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acorde con la situación de los educandos.

Parágrafo.- En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos, las políticas y orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Artículo 70º.- Apoyo a la capacitación de docentes. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, es deber del Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación para la rehabilitación social, y así garantizar la calidad del servicio para las personas que por sus condiciones las necesiten.

Artículo 71º.- Fomento de la educación para la rehabilitación social. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos, directamente y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.”

Así, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación legal y  la competencia de reglamentar la prestación del servicio educativo a la población que se encuentra sub judice, de que trata el capítulo en mención.

El Ejecutivo en el año 2015 emitió o promulgo el Decreto 2383 de 2015,  "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación", que establece los criterios para la atención educativa a los jóvenes sub judice vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, pero no ha hecho lo mismo con la reglamentación para la atención educativa a los adultos que se encuentran en centros carcelarios; no, obstante el parágrafo del articulo 63 citado arriba deja claro que para los establecimientos  carcelarios se debe tener presente lo definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

“Parágrafo.- En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos, las políticas y orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.”

Así, una primer conclusión es que no existen marcos reglamentarios para prestar el servicio educativo a la población carcelaria, desde el sector gubernamental de educación y, entre tanto, no se puede aplicar una norma , como es el Decreto 3011 de 1987 que reglamenta la prestación del servicio educativo para adultos, pero no que se encuentren sub judice privados de la libertad, dado que la Ley General de Educación los diferencia de las demás poblaciones y requieren una atención específica, pertinente y diferencia.

Dando continuidad a nuestro análisis normativo, la Ley 65 de 1993, "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario", se ocupa del servicio educativo para la población interna privada de la libertad en los siguientes términos:

ARTICULO 94. EDUCACION. La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización . En las penitenciarias y cárceles de Distrito Judicial habrá centros educativos para el desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral.

En los demás establecimientos de reclusión, se organizarán actividades educativas y de instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal, obteniendo de todos modos, el concurso de las entidades culturales y educativas.

Las instituciones de educación superior de carácter oficial prestarán un apoyo especial y celebrarán convenios con las penitenciarías y cárceles de distrito judicial, para que los centros educativos se conviertan en centros regionales de educación superior abierta y a distancia (CREAD), con el fin de ofrecer programas previa autorización del ICFES. Estos programas conducirán al otorgamiento de títulos en educación superior.

Los internos analfabetos asistirán obligatoriamente a las horas de instrucción, organizadas para este fin.

En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la lectura.

En tal sentido se deriva de aquí que en cada Penitenciaría  y Cárcel de los diferentes distritos judiciales, debe crearse y funcionar un Centro Educativo,  a cargo del INPEC y sus presupuestos,  para el desarrollo e implementación de procesos de formación permanentes, que podrá tener una oferta en todos los niveles de formación y desarrollar programas  desde alfabetización hasta educación superior. Pero también determina que la metodología y pedagogía a implementar será la propia y particular del sistema penitenciario (lo mismo que dice el parágrafo del artículo 69 de la ley 115 de 1994) y no aquella que se imparte en los proceso de educación formal reglamentadas en el Decreto 1860 de 1985, ni la contenida en la  educación formal de adultos reglamentada por el Decreto 3011 de 1987 (de la forma como quedaron incorporados al Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Sector Educación).

En otro parte de la norma citada, se habla de la reglamentación del servicio social estudiantil de los Establecimientos Educativos y las Instituciones de Educación Superior.

“ARTICULO 103. SERVICIO SOCIAL. Para los fines de la educación, el trabajo y la rehabilitación de los internos en los centros de reclusión, así como para el funcionamiento y buena marcha de dichos centros, los establecimientos de educación secundaria y superior prestarán la colaboración necesaria, determinando un número de estudiantes para efectos de la prestación del servicio social. El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de sus servicios.

Los egresados de las Universidades que conforme a la ley deban prestar el servicio social obligatorio podrán hacerlo en un establecimiento de reclusión, para lo cual el Ministerio de Justicia expedirá la reglamentación correspondiente.”

El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Resolución 10270 de 2009, reglamentó esta parte de la ley dedicándose exclusivamente a observar la función del servicio social de las Instituciones de Educación Superior, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Cada institución de educación superior debe establecer en su proyecto educativo institucional y en su correspondiente plan de desarrollo institucional, los programas y actividades que desarrollará como parte del servicio social para los internos en los centros de reclusión, para lo cual determinará el número de estudiantes de sus programas de educación superior que participarán en tales programas y actividades, cuyo campo de acción y propósitos de formación puedan contribuir a los procesos de educación, trabajo y rehabilitación de dicha población.

Artículo 2°. Cada institución de educación superior integrará en su currículo el componente del servicio social, definirá las estrategias que fomenten la participación de los estudiantes en las actividades y programas en desarrollo del servicio social para la población mencionada y señalará en sus normas internas, los criterios y aspectos académicos y administrativos en los cuales se enmarcará la prestación del servicio social a que se refiere el presente acto administrativo.

Artículo 3°. Para la realización de dichas actividades y programas, cada institución de educación superior deberá presentar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o la entidad que haga sus veces, las diferentes propuestas para determinar los acuerdos interinstitucionales a que haya lugar, que contemplen entre otros aspectos, las condiciones de seguridad y salubridad para los estudiantes en desarrollo de las actividades de las prácticas de servicio social que se vayan a realizar en los centros de reclusión.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”

Por último, el INPEC es quien se obliga a reglamentar los términos de la prestación de programas educativos a los internos de ,los centros carcelarios y penitenciarios, en el siguiente artículo:

“ARTICULO 52. REGLAMENTO GENERAL. El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión.

Este reglamento contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, "la orden del día" y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios.

Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de reclusión.

Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos.”

Así, por medio de la resolución N° 6349 de 2016 el INPEC expide el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión, de Orden Nacional ERON a cargo del INPEC, en ese sentido el artículo 108 Redención de la Pena, refiere:

“Articulo 108. Redención de Pena. El trabajo, estudio o enseñanza, en los establecimientos de reclusión, se regirá de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto expida la Dirección General del INPEC y demás reglamentación al respecto.

En  ningún caso una persona privada de al libertad puede ser excluida de un programa de trabajo estudio o enseñanza por razones de su discapacidad, sexo, identidad y expresión de género, raza, etnia origen nacional o familiar, lengua, religión, situación de discapacidad, opinión política o filosófica , y cualquier otra.

Parágrafo Único. Los Establecimientos de reclusión deberán implementar los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar que existan programas de trabajo, estudio o enseñanza accesibles “

Como podemos observar, esta mencionada resolución avanza muy poco o nada en aclarar el procedimiento administrativo, para prestar el servicio educativo (que en todo caso el INPEC lo define como programas educativos) a la población interna privada de la libertad, lo que si está claro es que por ningún lado se menciona el papel o función o responsabilidad de los Establecimientos Educativos Oficiales;  así, mal estaría que se obligue o presione a un Rector Oficial , que asigne docentes de planta por horas extras para prestar este servicio.

Y tampoco se puede asignar docentes para cumplir su función en Penitenciarias y Establecimientos Carcelarios, porque precisamente el Decreto 1278 de 2002, define que es la función Docente y donde se cumple esta función:

“Artículo 4°. Función docente. La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos.

La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo.

Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes y directivos docentes.

Artículo 5°. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación.”

Quedando claro que Docentes es aquel profesional que desarrolla su función en un Establecimiento Educativo.

Y que es un Establecimiento Educativo; pues la Ley 715 de 2001 lo define claramente:

“Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales”

Así, los Centros Penitenciarios y Carcelarios, no tienen el carácter de Establecimientos Educativos, y por ello un Docente no podría cumplir allí su función docente, ni su asignación académica, ni su jornada laboral en los términos que  establece el Decreto 1850 de 2002:

“Artículo 5°. Asignación académica. Es el tiempo que, distribuido en períodos de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el plan de estudios.

La asignación académica de los docentes de preescolar y de educación básica primaria será igual a la jornada escolar de la institución educativa para los estudiantes de preescolar y de educación básica primaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto.

Parágrafo. El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de educación básica secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, las cuales serán distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios. Esta asignación rige a partir del 1° de septiembre de 2002, en todo caso, los establecimientos educativos de calendario A deberán culminar el proceso de asignaciones a que se refiere esta disposición el 1° de enero de 2003.

Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas diarias.

El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° del presente decreto. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 9 del presente Decreto como actividades curriculares complementarias.”

Como observamos claramente se define que un Docente cumple su jornada laboral, su función docente y su asignación académica en un Establecimiento Educativo Oficial y los centros de reclusión no lo son, ni tampoco pueden ser reconocidos como sedes educativas pues no existen marcos normativos que lo permiten , a diferencia de lo que define el Decreto 2383 de 2015, que para poder prestar el servicio educativo  a los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes, privados de la Libertad en Centro de internamiento Preventivo y / o Centro de Atención Especializada, debe primero, como condición sine qua non,  darse el reconocimiento de sede de establecimiento educativo así:

“Artículo 2.3.3.5.8.2.6. Medidas para la prestación del servicio educativo en los Centros de Atención Especializada y en los Centros de Internamiento Preventivo. Para efectos de la prestación del servicio educativo en estos centros, la entidad territorial certificada en educación reconocerá como sedes de las instituciones educativas oficiales de su jurisdicción a los Centros de Atención Especializada y a los Centros de Internamiento Preventivo, cuando estos últimos no funcionen dentro de la infraestructura de los Centros de Atención Especializada. Dicho reconocimiento no afectará la naturaleza jurídica del Centro de Atención Especializada (CAE), ni del Centro de Internamiento Preventivo (CIP). Es responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) autorizar mediante convenio y/o demás figuras jurídicas correspondientes el reconocimiento de los Centros de Atención Especializada y/o Centros de Internamiento Preventivo bajo su administración, como sedes de instituciones educativas oficiales por parte de la entidad territorial certificada en educación respectiva, según lo dispuesto en el inciso anterior.

Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) facilitará las condiciones para que los Centros de Atención Especializada y los Centros de Internamiento Preventivo bajo su administración dispongan de los espacios que se requieran para la prestación del servicio educativo. Así mismo, deberá articular las acciones que le corresponde adelantar en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), para la prestación del servicio educativo, de tal manera que los adolescentes y jóvenes del Sistema puedan recibir todas las medidas asistenciales que ordena la ley.

Parágrafo 1°. La adecuación de los espacios y el mobiliario para la atención educativa estará a cargo del operador del Centro de Atención Especializada (CAE) o Centro de Internamiento Preventivo (CIP), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o de las entidades territoriales, según sea el caso.

Parágrafo 2°. El establecimiento educativo, en coordinación con el Centro de Atención Especializada (CAE) y el Centro de Internamiento Preventivo (CIP), organizará la población a atender en grupos y niveles, de acuerdo con las condiciones de escolaridad y edad de los adolescentes y jóvenes.

Parágrafo 3°. Los elementos y bienes aportados por la entidad territorial certificada en educación para prestar el servicio educativo en los Centros de Atención Especializada y en los Centros de Internamiento Preventivo continuarán siendo propiedad de la entidad territorial certificada en educación.

Parágrafo 4°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revisará y ajustará, si se requiere, los contratos vigentes celebrados con operadores privados que administren los Centros de Atención Especializada y/o los Centros de Internamiento Preventivo, con el fin de asegurar que en dichos establecimientos se preste el servicio educativo en las condiciones que establece la presente Sección.”

Queda claro que para el caso del SRPA, es necesario que haya un reconocimiento de sede, antes de poder asignar docentes.

Así, para cerrar este aporte a la discusión, pues de igual manera no se puede asignar horas extras para que docentes desempeñen su función en Centros Penitenciarios y Carcelarios,  pues el servicio de hora extra, solo aplica para asignación académica y vimos que esta solo ese desarrolla en el Establecimiento Educativo.

Artículo 8. Servicio por hora extra. El servicio por hora extra efectiva de sesenta (60) minutos cada una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de tiempo completo por encima de las treinta (30) horas semanales de permanencia en el establecimiento educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le corresponda según las normas vigentes .. Estas horas extras solamente procederán cuando la atención de labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro de su asignación académica reglamentaria.

Esperamos que estas referencias normativas sirvan para la reflexión y lograr aportar en dilucidar la inconveniencia legal de remitir docentes a los Centros Penitenciarios y Carcelarios  y además resaltar la imperiosa necesidad que se reglamentar este aspecto.

Por ultimo quisiéramos agregar que esta situación aquí planteada, es decir la falta o carencia de marcos normativos que permitan la prestación de servicio educativo con recursos del Sistema General de Participaciones, hace parte o se enmarca dentro del Estadio de Cosas Institucional (ECI) en el sistema carcelario y penitenciario que la Corte Constitucional adoptó en las  Sentencias T-153 de 1998  y T-388 de 2013 y que luego revisó y ratifico en la Sentencia T-762 de 2015.

Dicha sentencia considero  uno de los problemas graves para decretar el ECI en el sistema carcelario y penitenciario:

“La institucionalización de prácticas en el sistema penitenciario y carcelario que son evidentemente inconstitucionales. Por ejemplo, la exigencia de la interposición de acciones de tutela para la prestación de servicios de salud, que ni así, llegan a sus destinatarios; el hacinamiento como fenómeno estructural; la indefinición de competencias de las autoridades; la corrupción y comercialización de bienes y servicios básicos en los establecimientos (camas, colchonetas, jabones); el encierro permanente y prolongado de los reclusos sin luz solar, entre otras “

Así mismo la sentencia  entiende de la prestación de servicios o programas educativos como parte de los programas de resocialización y señalo:

  “En vista de lo anterior, la Comisión Asesora para la Política Criminal identificó algunos puntos de acción que esta Sala considera necesario reiterar:

i) La pena y su fin resocializador debe tener tiempos mínimos y máximos para ser ejecutados, para que brinden una expectativa seria de vida en libertad al condenado. Sin embargo, la determinación de estos tiempos requiere de una investigación empírica que no se ha realizado aún.

ii)               Es necesario reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza en los centros de reclusión para que sean tomados como formas de resocialización, y no como simples factores de redención de la pena.

iii)              Es necesario que se redistribuyan las cargas administrativas y presupuestales del sistema penitenciario, para que los programas de resocialización tengan posibilidades reales de ejecución.”

Y para resolver esta parte del problema que genera del ECI en el sistema carcelario y penitenciario, plantea:

“a.              La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena.

1. Sobre el particular esta Sala encuentra que el Sistema Carcelario actual no dispone de parámetros comunes y claros sobre los programas de resocialización, como consecuencia del abandono que ha tenido la reinserción social de quien ha cometido un delito, en la Política Criminal.

La consecuencia de lo anterior es la desarticulación de la formulación de programas de resocialización y la atomización de su ejecución en los establecimientos penitenciarios, sin que se registre un proceso de seguimiento de los mismos, que permita reestructurar estrategias conforme el resultado que se busca: la disminución de la criminalidad.

Los proyectos de formación y trabajo que tienen lugar al interior de las cárceles del país deben articularse con esquemas externos que permitan la reinserción laboral del condenado. Debe analizarse las necesidades del mercado laboral externo, para impartir programas que finalmente puedan tener un impacto en la resocialización del interno.

La disposición de la biblioteca y el acceso a material de lectura deberá ser parte integral de los programas de resocialización. No obstante lo anterior se fomentará la lectura recreativa, y deberá disponerse de material suficiente para realizarla.

Ante la falta de programas y lineamientos al respecto debe ordenarse al Ministerio de Justicia y del Derecho que con apoyo del Ministerio de Educación, del DANE y del SENA, efectúe un análisis sobre las necesidades de la resocialización en el país, las posibilidades de los establecimientos penitenciarios y las condiciones en que aquellos deben impartirse, para consolidar posteriormente un esquema de resocialización a nivel nacional, que responda a las características del Sistema Penitenciario y a las particularidades que le imprime cada región.

Consolidará así, los lineamientos de los programas de resocialización de las personas privadas de la libertad por condena, y efectuará un sistema de indicadores que den cuenta del avance y retroceso en esta materia, a través de un ejercicio semestral de medición de impacto.

Los programas de resocialización no serán aplicables a las personas sindicadas, en respeto de la presunción de inocencia que les asiste. Sin embargo, se habilitarán espacios de capacitación para ellos, en aras del uso provechoso del tiempo libre.

Una vez consolidado el programa de resocialización en cada uno de los establecimientos penitenciarios, competerá al Director de los mismos la divulgación de la información a cerca de los horarios, las pautas generales y los beneficios ofrecidos, fomentando la participación de los internos.

No se descartará que los proyectos de capacitación puedan orientarse a la redención de la pena mediante el trabajo, es decir a la formación de los internos para la prestación de los servicios mínimos de mantenimiento de las instalaciones en el penal, que a su vez servirían como redención de la sanción privativa de la libertad.”

Y concluye ordenando:

13.             ORDENAR al INPEC que, en coordinación con la USPEC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Criminal, elabore un plan integral de programas y actividades de resocialización, tendiente a garantizar el fin primordial de la pena en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Dicho plan deberá tener en cuenta los parámetros fijados en los fundamentos 57 y 155 de esta sentencia. Adicionalmente, deberá fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales, y en todo caso, dichos plazos no podrán superar el término de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta sentencia.

(…)

“22.            ORDENAR al Gobierno Nacional que a través de sus Ministros conforme sea la materia abordada, en un término de tres (3) meses posteriores a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia, se regule cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas,  como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad.  Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia.

De cualquier modo, las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria.”

(…)

25.             ORDENAR a la USPEC, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que emprenda todas las acciones necesarias para que, en un término no superior a un (1) año contado a partir de la notificación de esta sentencia, las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización.

En algunos de estos aspectos es muy poco lo que se ha avanzado  a la  fecha y desde la misma  Sentencia se evidencia lo que afirmamos a lo largo de este articulo.

Abierta esta la discusión para su aportes y comentarios.